Análisis Social y Político

Sábado, 28 de mayo de 2005

Astucia política

Luís Montes fue cesado de la jefatura del servicio de urgencias del hospital “Severo Ochoa” de Leganés por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. La argumentación esgrimida: por "irregularidades administrativas" del citado servicio, después de una denuncia anónima que lo acusaba de sedar con dosis elevadas a enfermos terminales.

Esta decisión provoca una gran polémica y gran cantidad de protestas tanto de los profesionales de la medicina como de los ciudadanos usuarios de la sanidad pública. El caso pasa a la Fiscalía de Madrid que empieza a investigar la denuncia, y al mismo tiempo la Consejería de Sanidad nombra un comité de expertos para que presenten los resultados de su propia investigación.

HASTA AQUÍ LA HISTORIA.

Hoy, ya tenemos los resultados: este comité, formado por nueve expertos nombrados de forma unilateral por la Consejería y que no es reconocido ni por el colegio oficial de médicos, ni por el colectivo que representa a los inspectores sanitarios, señala que de los 73 casos donde se han detectado irregularidades, 36 no contaron con el requisito del consentimiento informado de las familias de los pacientes.
Por su parte, la Fiscalía de Madrid esta pendiente del estudio de sólo trece historiales médicos, que en ningún caso se calificaron como "irregulares", y que desde el pasado 25 de abril están en la Clínica Medico-Forense de Madrid. Si de este análisis no se detecta ningún indicio de conducta penal, la Fiscalía no tendría posibilidad de actuación.

Plausible astucia política.

La Fiscalía, obligada a parar la investigación sobre el Severo Ochoa. Por imperativo legal, la Fiscalía de Madrid tiene desde hoy que paralizar sus investigaciones sobre el caso de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Esto es así porque la Consejería de Sanidad ha presentado una denuncia en un juzgado de dicha localidad, ante lo cual la ley estipula que el fiscal cese en sus diligencias. Ahora habrá que esperar a que el juez se pronuncie.

El Consejero Lamela, y la Presidenta Aguirre, dan el asunto por zanjado y han dicho que ahora serán los jueces los que decidan. El fiscal remitirá al juzgado sus investigaciones.

Intuyo que el asunto no está zanjado, han podido paralizar el ritmo de los acontecimientos, pero los profesionales y la sociedad no damos por cerrado el problema suscitado. Una atrocidad de este tipo, no se salda sin pagar su precio político.

Por: Antonio Pulido Ruiz | Local | Comentarios (1) | Referencias (0)