Análisis Social y Político

Jueves, 29 de septiembre de 2005

El PP partisano

La estrategia de oposición que realiza el Partido Popular cada día se manifiesta más beligerante con el trabajo que ejecuta el Gobierno. En la anotación de hoy, hay dos asuntos que aunque diferentes son fieles espejos de la rémora del pasado y presente del PP.

FUE NOTICIA
La pena de muerte para delitos comunes fue abolida en España por la Constitución de 1978. Las últimas ejecuciones tuvieron lugar en 1975, dos meses antes de la muerte del general Franco.

La campaña por la abolición de la pena de muerte en España ha generado un extraordinario consenso político que refleja el nivel de compromiso de este país con la causa abolicionista. La propuesta de ley no recibió ningún voto en contra ni en el Congreso ni en el Senado.

LASTRE DEL PASADO
Con este dato histórico en la mano, no puede entenderse la postura adoptada por Partido Popular al negarse que se leyera en el Congreso una declaración institucional contra los cinco últimos fusilamientos ordenados por Franco el 27 de septiembre de 1975. Isaura Navarro, secretaria de la Mesa del Congreso por IU-ICV, solicitó al presidente, Manuel Marín, que aceptase la declaración, pero no se pudo llevar a cabo porque para ello se requería la unanimidad de todos los grupos parlamentarios y el PP se negó a aprobarla.

Los cinco fusilados fueron los etarras Ángel Otaegi Etxeberria y Juan Paredes Manot, Txiki, y los miembros del FRAP Humberto Baena, Ramón García Sanz y José Luis Bravo Solla. Navarro recordó las movilizaciones nacionales e internacionales en favor de su indulto y explicó que esas ejecuciones "nunca debieron ocurrir" y no se hubieran llevado a cabo con la actual democracia. En la declaración, el Congreso también debía condenar "a todos aquellos regímenes en los que todavía perdura la pena de muerte".

OFENSIVA PRESENTE
El alto comisionado para las víctimas del terrorismo, Gregorio Peces-Barba, acudió al Congreso para presentar su informe de gestión y se encontró con la más dura descalificación del grupo Popular, cuya portavoz, Alicia Sánchez-Camacho, le acusó de "adormecer y acallar a las víctimas para que en una posible negociación con ETA no sean un obstáculo para el señor Zapatero".

Sánchez-Camacho acusó al Gobierno de "valorar más la negociación con ETA que la atención a las víctimas", y a Peces-Barba, de "dividirlas". Fundamentó sus imputaciones en el último párrafo de una carta que el alto comisionado envió a los portavoces parlamentarios para presentarles su informe de gestión. El párrafo dice que no se puede dejar de actuar políticamente en favor de la paz "so pretexto de un respeto al derecho que en ocasiones puede no ser más que una coartada para que todo siga igual".

El alto comisionado se sintió "injuriado" por las acusaciones de la portavoz popular. "Si no fuera un oprobio, sería una vileza sacar la conclusión de que estoy haciendo un trabajo sucio para desarmar a las víctimas frente a una negociación que las deje en mala situación", le replicó. Aclaró que el párrafo citado aludía a las personas amenazadas y a la necesidad de evitar futuras víctimas, y aseguró que nunca va a tolerar medidas que sean humillantes o falten a la dignidad de las víctimas.

LA LEY DE SOLIDARIDAD
El resto de portavoces de todos lo grupos políticos respaldó su gestión y se comprometieron a colaborar en la próxima mejora de la ley de solidaridad con las víctimas.

En los dos casos expuestos es indigno el proceder del Partido Popular. Este comportamiento le lleva a quedarse siempre solo.

Por: Antonio Pulido Ruiz | Nacional | Comentarios (0) | Referencias (0)